A propósito del aterrador
incremento de la delincuencia, tanto en el Perú como en otros países de la
región con similares sistemas de juzgamiento en temas criminales, es necesario
tener algunos puntos muy claros para no dejar espacio para la demagogia de
algunos politiqueros oportunistas, quienes optan siempre por dos sugerencias
inviables y febriles como: la instauración de la Pena de Muerte o la salida de
las Fuerzas Armadas a patrullar las calles. La primera de la sugerencias, al margen
de que sea disuasiva o no, justa o no, resulta inaplicable en nuestro
ordenamiento jurídico y en nuestro posicionamiento internacional como país con
estabilidad jurídica. La segunda no merece mayor análisis porque es un
despropósito per se. No se contratan abogados para construir edificios ni
médicos para llevar juicios… ¿o sí?
Los puntos a tener claros
deben ser los siguientes
1.- Si bien son necesarios,
tanto el incremento de efectivos, como el equipamiento y modernización
tecnológica de la policía, resultan insuficientes, ya que NO se está atacando
el problema de fondo. Poco se avanza teniendo una fuerza policial numerosa y
bien equipada, si los delincuentes capturados son liberados a los pocos minutos
u horas… o días o semanas en el mejor de los casos, ya sea por un fiscal o por un
juez.
2.- La raíz del problema
está en el sistema de juzgamiento, no en el trabajo policial. El sistema está
claramente diseñado para favorecer al delincuente en perjuicio del ciudadano,
por ende, LO QUE TIENE QUE CAMBIAR SON: LAS LEYES Y LOS SISTEMAS DE
JUZGAMIENTO.
3.- Cuando se comete un
crimen y el criminal es capturado, la policía elabora un parte y un atestado
con el nombre completo del denunciante, su número de identificación y su
dirección. Toda esta información cae en manos de los abogados de los
delincuentes, quienes rápidamente inician su trabajo de amedrentamiento e
intimidación a la familia del denunciante. Amenazas como ‘sé donde estudian tus
hijos’, ´sabemos dónde vive tu madre’ no tardan en llegar y, como es de
esperarse, rápidamente es retirada la denuncia y, al no presentarse cargos, el
delincuente tiene que ser liberado. Entonces, debería diseñarse un sistema en
el que SE PROTEJA A LA VÍCTIMA.
4.- Además de protegerse a
la víctima, también debe de protegerse y rotarse a fiscales y jueces, quienes
también suelen ser víctimas de amenazas o de ofrecimientos de jugosos sobornos.
Son puestos entre la espada y la pared y tienen que optar entre dos opciones:
a) recibo el soborno… o b) me matan. La elección no es muy difícil, ¿no?
5.- Las penas son DEMASIADO
BENIGNAS. Aún en los casos en los que no haya denunciantes directos y los
delincuentes hayan sido capturados en operativos policiales, las sentencias a
prisión efectiva son por plazos muy breves y, sumado esto a los beneficios
penitenciarios de 2 x 1 o 3 x 1, en pocos meses están de vuelta en las calles
con renovados bríos. Este es el problema de fondo, que NO PASA NADA y los
delincuentes lo saben bien. Al no haber temor al castigo, nada los detiene.
6.- Se debería, entonces,
instaurar penas draconianas, severísimas; que vayan desde los diez años por un
simple celular o una cartera, hasta de 50 años por robo agravado, 80 por
secuestro y extorsión y 100 por asesinato y etc., con sumatoria de penas y SIN
BENEFICIOS PENITENCIARIOS, es decir, que si un delincuente asalta, secuestra y
mata, sumadas sus penas pasen los 100 o 200 años (no me he equivocado ni estoy
exagerando, por si acaso). La idea es que todo delincuente probado que caiga
detenido, no salga de prisión en mucho tiempo y de ser posible nunca.
Está comprobado que, el
delincuente de oficio, de cuna, ese que desde niño entra y sale de comisarías y
reformatorios y que a cada rato cae… no cambia nunca, y es una amenaza para la
sociedad. Así, cada delincuente detenido y sentenciado sería realmente un
delincuente menos en las calles.
El problema actualmente
radica en que, mientras unos entran a la cárcel otros tantos salen, y siempre
tenemos la misma cantidad de delincuentes en las calles. Si son siempre muchos
más los que entran que los que salen, poco a poco las calles irán quedando
limpias de esa lacra.
*FINALMENTE, y ya como breve
conclusión: si tenemos claro que, el problema de fondo de la delincuencia, NO
es el incremento de la actividad económica (como un perturbado ministro
sugirió), TAMPOCO es la falta de efectivos y equipamiento policial… SINO LA
IMPUNIDAD, habremos dado un gran paso en la solución de este grave problema que
aqueja a nuestra sociedad.
¿Algún gobernante tendrá el
valor y la voluntad política para atreverse a hacer estas reformas, sin caer en
el chantaje y la tentación corruptora de las mafias enquistadas en el poder?
Pregunto nomás.
MAURICIO ROZAS VALZ
